Gobierno de Costa Rica alcanza acuerdo de tres años con el FMI
(Nacion) Gobierno de Costa Rica alcanza acuerdo de tres años con el FMI. El Gobierno alcanzó este viernes un acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo de Servicio Ampliado le permitirá al país acceder a un crédito de $1.750 millones, con condiciones blandas, a cambio de cumplir medidas para sanear las finanzas públicas.
Manuela Goretti, jefa de misión del FMI, declaró que el programa acordado “es progresivo y ayudará a reducir la desigualdad de ingresos”.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de la gerencia y el directorio ejecutivo del FMI, así como de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, precisó Goretti.
La jefa de misión confirmó que el objetivo es que Costa Rica aplique un conjunto de medidas para alcanzar un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en el año 2023.
Además, el objetivo es cambiar el rumbo ascendente de la deuda pública para que, en el 2035, llegue al 50% del PIB. El año pasado, el endeudamiento cerró en casi un 70% del PIB y que, en este 2021, podría subir a un 80%.
Según comunicó el FMI, el plan permitirá “reforzar la respuesta del país a la pandemia y sentar las bases para una recuperación económica sólida y duradera”.
“Las principales medidas de política, en el marco del programa formulado por el país y apoyado por el FMI, se centrarán en garantizar la sostenibilidad fiscal y fomentar la estabilidad monetaria y financiera, y al mismo tiempo proteger a los sectores pobres y más vulnerables”, expusieron las dos partes.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, destacó que el acuerdo no incluye ninguna modificación al IVA ni al impuesto sobre bienes inmuebles. Tampoco, continuó, se incluyó la creación del impuesto a transacciones financieras, gravar pensiones complementarias o privatización de empresas del Estado.
Para alcanzar la meta, el Gobierno deberá aplicar cambios que antes requieren aprobación legislativa.
Según lo anunciado por el Ejecutivo, se requiere que los diputados aprueben al menos seis leyes, en plazos determinados, para cumplir con los requerimientos del Fondo.
Estos son los componentes del acuerdo que alcanzó el Gobierno con el FMI:Restricciones presupuestarias
El Gobierno promete que la mayor parte del ajuste fiscal recaerá en la reducción del gasto público.
Para lograrlo, al iniciar la negociación con el FMI, el Ministerio de Hacienda decretó fuertes restricciones en las partidas de compras de bienes y servicios, suplencias, sueldos eventuales y salarios especiales de las instituciones del Poder Ejecutivo, entre el 2021 y el 2025.
Por ejemplo, en el 2025, las entidades no podrán gastar en bienes y servicios más del 67,5% de lo que ejecutaron en el 2020. Para cada periodo, se establecieron los topes que deberán respetar las instituciones.
Además, el Ejecutivo decretó que, para el 2025, las transferencias de dinero que estas instituciones hagan a otras entidades no podrán superar, en más de un 2,53%, las que hicieron en el 2020.
La meta del Gobierno con ese decreto es que, al final del periodo, el gasto corriente primario se haya contenido en 3,45 puntos porcentuales del PIB.
Según el Ejecutivo, la idea es que, al término del 2025, el ajuste fiscal esté compuesto en un 60% por reducción del gasto y en un 40% de nuevos ingresos.
Esta medida es adicional a la aplicación de la regla fiscal, la cual establece que mientras la deuda pública supere el 60% de la producción, el crecimiento interanual del gasto total debe ser inferior al 65% del promedio de crecimiento del PIB.
A partir del 2022, la regla fiscal ordenará una estricta austeridad en todas las categorías de gastos, desde los corrientes (salarios, transferencias, servicios e intereses) hasta los de capital, es decir, la inversión en obra pública y equipamiento.
Los salarios públicos, por ejemplo, no recibirán ajustes por costo de vida de manera indefinida, mientras la deuda no baje del 60% del PIB.Congelamiento de pensiones
Otro proyecto de ley del Poder Ejecutivo propone suspender los aumentos por costo de vida para las pensiones que son pagadas con el Presupuesto Nacional. De hecho, la reforma consiste en un ajuste a la regla fiscal, que ya toma esa medida con los salarios públicos en época de crisis.
La medida aplicaría para las jubilaciones superiores a los ¢462.000 mensuales y se mantendría por tiempo indefinido, hasta que se logre reducir la deuda pública a menos de un 60% del producto interno bruto.
El ahorro anual mínimo sería de ¢84.000 millones anuales, equivalentes a un 0,23% de la producción.
Este plan de ley, a su vez, plantea la prohibición de reponer plazas que queden vacantes en el Gobierno durante el periodo 2021-2025, con ciertas excepciones
El proyecto de empleo público, que se tramita en el Congreso, crearía un esquema de salario global, sin los numerosos pluses que desequilibran los sueldos entre instituciones y que presionan al alza el gasto público, por factores como la antigüedad de los funcionarios.
En los primeros diez años, los más críticos por la crisis fiscal actual, el ahorro promedio esperado sería de casi un 1,4% del PIB, para todo el sector público.
Según el Fondo, la reforma propuesta por el Ejecutivo es coherente con las mejores prácticas internacionales en esta materia.
El plan, ya presentado ante el Congreso, reduce tres incentivos fiscales para aumentar la recaudación de impuestos ya existentes en un 0,41% del PIB.
Uno es la exoneración del impuesto de renta sobre los salarios escolares iguales o superiores a los ¢840.000.
Actualmente, el pago adicional que reciben en enero los empleados públicos tiene una exoneración del 100%. Con la reforma, sobre el exceso de los ¢840.000 y hasta ¢1,23 millones, se les cobraría una tasa del 10%. Conforme mayor sea el monto, se añadirían cobros del 15%, el 20% y el 25%.
Los salarios escolares menores al mínimo definido permanecerían exentos.
El Poder Ejecutivo estima que esta modificación le generaría un ingreso adicional al Estado equivalente al 0,12% del producto interno bruto (PIB).
El plan, además, plantea subir a un 15% el impuesto a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, y los planes de ahorro abiertos en esas organizaciones. Esta medida generaría un monto anual equivalente al 0,13% del PIB.
