Costa Rica mantiene el esfuerzo de consolidación fiscal, señala Fitch Ratings, señalando avances y los aspectos que podrían afectar.
(Fitch Ratings) Costa Rica mantiene el esfuerzo de consolidación fiscal. El deterioro fiscal de Costa Rica durante una década podría estar alcanzando un punto de inflexión luego de un fuerte resultado de 7M21, la aprobación de una Facilidad de Fondo Extendida (EFF) del FMI a tres años y las medidas de consolidación contenidas en el Paquete de presupuesto para 2022, dice Fitch Ratings. Sin embargo, los esfuerzos de consolidación aún están en peligro por el estancamiento político, una alta carga de intereses y el aumento de casos de coronavirus, que se reflejan en la Perspectiva Negativa de la calificación ‘B’ de Costa Rica.
El superávit acumulado del saldo primario del 0,3% del PIB a finales de julio fue el primero desde 2008 y superó el objetivo del FEP. El superávit fue impulsado por una recuperación más sólida de los ingresos en relación con un crecimiento moderado del gasto, aunque el gasto fue impulsado al alza en parte por el continuo aumento de los pagos de intereses. El presupuesto de 2022 presentado al Congreso el 1 de septiembre apunta a un déficit fiscal del 5% del PIB y un superávit primario de 0,1%, una mejora de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el resultado fiscal proyectado por el gobierno para 2021.
El marco fiscal a mediano plazo presentado junto con el paquete presupuestario mantiene la ambiciosa ruta de consolidación de cinco años existente, con el objetivo de un superávit primario del 2,6% para 2026 (una mejora de 6 puntos porcentuales desde 2020 y 5,3 puntos porcentuales en relación con 2019). Esto se basa principalmente en medidas de gasto, incluido el cumplimiento de la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto a fracciones del crecimiento del PIB nominal pasado; un decreto ejecutivo que limita el crecimiento del gasto corriente; y la Ley de Empleo Público que introduce una escala salarial única y elimina otros componentes salariales, pendiente de la aprobación final del Congreso. El presupuesto también asume que se promulgarán medidas basadas en los ingresos, como eliminar algunas exenciones de impuestos sobre un beneficio de empleo público y premios de lotería, aunque también están a la espera de la aprobación del Congreso.
Anticipamos que la deuda de las administraciones públicas se estabilizará durante los próximos cinco años ligeramente por debajo del 70% del PIB, asumiendo que no se desvía de la regla fiscal y la plena implementación de las medidas en el marco de mediano plazo. Las proyecciones presupuestarias para 2022 son consistentes con la consolidación fiscal anticipada en el acuerdo con el FMI acordado por el Congreso en julio, que prevé un superávit primario superior al 2% del PIB para 2025. La condicionalidad del programa podría ayudar a anclar la política fiscal.
Sin embargo, la implementación de las medidas de consolidación necesarias para cumplir estos objetivos dependerá principalmente de la próxima administración. Las elecciones presidenciales y del Congreso están programadas para febrero de 2022 y el resultado es incierto. Una encuesta reciente mostró que más de la mitad de los encuestados no estaban seguros de cómo votarían y, entre el resto, el apoyo se divide entre varios candidatos. Además, el estancamiento del Congreso sigue siendo el riesgo clave para las medidas necesarias para lograr la consolidación fiscal. Costa Rica tiene un largo historial de no aprobar o retrasar la aprobación de medidas fiscales, incluida la Ley de Empleo Público y el financiamiento externo. Es probable que las tensiones políticas aumenten cuando comience la campaña electoral en octubre.
El programa del FMI, valorado en casi 1.800 millones de dólares, debería seguir reduciendo la presión sobre los costos de los préstamos internos. El gobierno ha recibido el primer desembolso de USD296 millones en el marco del programa y cinco tramos iguales seguirán a partir de octubre, dependiendo de las revisiones semestrales. La dependencia del mercado interno para el financiamiento presupuestario a costos de endeudamiento más altos, junto con un aumento continuo de la deuda pública, llevó a un fuerte aumento en la factura de intereses del gobierno, que es la tercera más alta de América Latina.
Los rendimientos locales han disminuido más de 260 puntos básicos este año debido a la aprobación de la EFF y los sólidos resultados fiscales, lo que alivia los riesgos para la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, la imposibilidad de obtener la aprobación del Congreso para el endeudamiento multilateral o la emisión de deuda externa podría elevar los costos de los préstamos locales, como en años anteriores.
La recuperación económica está en marcha tras el 4,1% del PIB de 2020. Prevemos una expansión del 3,7% en 2021 antes de que el crecimiento converja a una tasa de mediano plazo del 3%. Sin embargo, los casos de Covid-19 están aumentando nuevamente a pesar de la campaña de vacunación, y las restricciones de movilidad siguen siendo el riesgo clave para la recuperación.
